Por Antonia Orellana Guarello, periodista feminista, militante de Convergencia Social
Foto: Bárbara Berríos, Brigada Desborde

Ya con un segundo año de gobierno en marcha se puede afirmar sin muchas dudas que una característica de este período presidencial es la de anuncios pomposos que esconden la ortodoxia neoliberal más pura, los que por la impericia legislativa de este gobierno luego se enredan. El caso símbolo de esto es el área de educación del oficialismo, pero en el caso de la agenda laboral no nos quedamos atrás.

En ese ámbito la coalición Chile Vamos tiene un mérito: nuestro país está a un extremo de la precariedad laboral tan profundo que hay que buscar con creatividad medidas que vayan a acentuar esto. Sin duda proyectos como el Estatuto Laboral Juvenil y la idea de reducción de la indemnización por años de servicio son creativos e innovadores en buscar formas de precarizar. En el caso del primero, bajo la excusa de las y los estudiantes que también trabajan se crea una nueva forma de precariedad: empleo formal sin ninguna forma de seguridad social. En cuanto a la disminución o eliminación de la indemnización por años de servicio, sin duda la excusa ocupada por el gobierno fue creativa: argumentaron que buscaban beneficiar a los que renunciaban sin indemnización alguna. Hay que tener ingenio para inventar esa respuesta. La creatividad también llegó a la Dirección del Trabajo, que adujo que las mujeres que hacían uso del derecho a lactancia fuera de una sala cuna -es decir, dejando a sus hijes con familiares, redes vecinales o una trabajadora de casa particular, una realidad extendida en Chile- tenían un “enriquecimiento ilícito” y no tenían derecho al goce de permisos de horario y pago de pasaje.

El anuncio hecho por el ministro Nicolás Monckeberg al día siguiente del tradicional 1 de mayo va en la misma línea: anuncios pomposos con un sesgo ultraneoliberal evidente. Así, bajo el nombre de “ley de modernización laboral para la conciliación del trabajo, la familia y la inclusión” y el supuesto objetivo de “acordar jornadas de trabajo adaptables a las distintas realidades y necesidades de los trabajadores” el gobierno busca debilitar aún más la negociación colectiva y retroceder aún más en temas de jornada y debilidad del respeto a la vida de las y los trabajadores.

Así, con la excusa de la “conciliación del mundo del trabajo con otros mundos”, dice el ministro, se busca eliminar la regulación que dicta que la jornada no puede exceder las 45 horas semanales, ni distribuirse en más de 6 ni menos de 5 días con la salvedad de los pactos de adapatibilidad y las jornadas excepcionales del mundo de la minería.

De aprobarse el proyecto ingresado hoy 2 de mayo, se permitirá agregar a la jornada ordinaria de 45 horas semanales, una de 180 horas mensuales que podrá ser distribuida en forma diferente cada semana; compensar las horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones; convenir bolsas de horas extraordinarias que superen el tope legal de 12; relativizar la disposición del domingo como día de descanso, los permisos para citas médicas o reuniones escolares e incluso la hora de colación.

Sin duda la disposición más creativa es la de “suspensión temporal de contrato”, que en la información difundida por el gobierno se explica como que “empresas que atraviesan situaciones temporalmente difíciles, podrán acordar la suspensión del contrato de trabajo con sus trabajadores, generándose un margen de tiempo para mejorar la situación y, mantener los puestos de trabajo y volver a la normalidad”.

El rechazo a este proyecto debiese ser obvio. Con un mensaje implícito hacia las mujeres con la excusa de conciliar el trabajo y familia se relativizan precisamente las disposiciones que, en forma muy deficiente, han permitido a las madres trabajadoras vivir al tres y al cuatro intentando dar abasto con la doble jornada laboral: permisos para horas médicas o citas escolares, almuerzo, domingo como descanso.

En una muestra de extremo cinismo, el propio ministro del trabajo señaló a La Tercera que “nada de lo que está contenido en este proyecto se hace para precarizar los derechos de los trabajadores, que es la reacción automática, inmediata e irreflexiva frente a cualquier intento de modernizar nuestra legislación laboral”. No sabe o bien oculta con ironías que todas estas supuestas “modernizaciones” se hacen suponiendo una igualdad de condiciones para “pactar” que no es tal, porque el empleador siempre estará en una posición más ventajosa para imponer sus términos. Es por esto que la mejor forma de proteger a las y los trabajadores es el ejercicio de la negociación colectiva, precisamente el instrumento que no aparece por ningún lado en este proyecto de ley.

Resulta irónico que todo esto se haga en nombre de la “modernización” y con motivo del 1 de Mayo, fecha que conmemora la huelga de Haymarket en EE.UU y la posterior ejecución de los mártires de Chicago, que luchaban por una de las mayores victorias sindicales de la historia: la jornada laboral de ocho horas. Hoy, al parecer, estamos lejos de ese hito civilizatorio del siglo pasado.