El afiche “Espacios libres de machismo: No + acoso laboral ni sexual” resuena como un grito de resistencia contra el sistema patriarcal que perpetúa el maltrato y la violencia contra las mujeres, particularmente en los espacios laborales. Desde el punto de vista feminista, este mensaje invita a examinar no solo las prácticas machistas individuales, sino también las estructuras que permiten y sostienen estas dinámicas y su reproducción.
Pareciera estar claro que el acoso y maltrato laboral no pueden ser tolerados, ni en las instituciones del Estado ni en otros espacios. Sin embargo, la realidad nos muestra que estas prácticas están normalizadas dentro de una cultura jerárquica profundamente enraizada, especialmente en las instituciones públicas y privadas. Estas jerarquías no sólo perpetúan las dinámicas de poder que propician el acoso, sino que también dificultan que las víctimas encuentren apoyo, efectividad en sus denuncias y garantías de no repetición.
La acción feminista más allá de la consigna
Esta incorporación subraya la realidad de que la violencia es un fenómeno estructural presente en todos los ámbitos, y refuerza la necesidad urgente de transformar los ambientes laborales y sociales en espacios seguros y respetuosos para todas las personas, especialmente para las mujeres. Al visibilizar el acoso laboral y sexual, la campaña no solo denuncia estos actos, sino que también desafía las estructuras de poder y la cultura que los permiten y perpetúan.
Consecuentemente, desde su inicio, el propósito de la campaña ha sido exponer las diversas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en su vida diaria. En este contexto, la violencia sexual en el ámbito laboral se presenta como una de las muchas manifestaciones del ejercicio del poder patriarcal, donde los agresores, en su mayoría hombres, emplean tácticas de opresión, manipulación e intimidación para someter principalmente a las mujeres.
Declaraciones de intención y buenas voluntades
En este contexto, la “Ley Karin”, aunque representa un avance significativo -principalmente simbólico- es un desafío que va más allá de la simple aprobación de una normativa, ya que evidencia importantes limitaciones: presupuestarias, meramente punitivas, enfoque restrictivo, escaso nivel de sensibilización y prevención . Entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024, se registraron un total de 3.376 denuncias relacionadas con acoso laboral, 1.666 con violencia en el trabajo y 172 con acoso sexual (Melo, 2025).
El desborde de denuncias que enfrenta pone de manifiesto dos grandes problemas. Por un lado, la magnitud de la violencia estructural que permea los espacios laborales, y por otro, la falta de recursos para su efectividad. Esto genera una paradoja preocupante: la legislación que debería proteger a las víctimas se convierte en un reflejo de la incapacidad del sistema para atender la raíz del problema, ofreciendo respuestas superficiales que no cuestionan las bases estructurales del maltrato laboral y sexual. El asunto ha sido tratado en diversos textos académicos que analizan cómo los marcos legales de protección contra el acoso sexual laboral no consiguen transformar las estructuras de poder subyacentes, ofreciendo alivio temporal y no sostenible para las mujeres afectadas (Hersch, 2024; Salazar, Izurieta, & Peña, 2024; Naranjo, 2025).
Asimismo, la cultura de maltrato laboral, especialmente en instituciones con estructuras jerárquicas rígidas, reduce las denuncias a meros intentos de “solución doméstica”, lo que implica que no son tratadas de manera seria ni formal. Las iniciativas internas, en muchos casos, priorizan la preservación de la imagen institucional por encima de una transformación real de los entornos laborales. Este enfoque no solo ignora el carácter estructural del problema, sino que también perpetúa el ciclo revictimizante.
Desde una perspectiva feminista, es fundamental reconocer que la violencia laboral no es un fenómeno aislado, sino una manifestación del machismo sistémico que atraviesa las dinámicas de poder en la sociedad. La creación de espacios verdaderamente libres de machismo requiere algo más que declaraciones de buena intención: exige un cambio cultural profundo que se interese por las trabajadoras/es, sus experiencias y trayectorias desarticulando jerarquías opresivas.
Esto implica, entre otras cosas, dotar a las leyes como la “Ley Karin” los recursos necesarios para su implementación efectiva, construir políticas laborales basadas en la equidad y la transparencia, y fomentar una cultura organizacional que rechace de manera contundente el maltrato en todas sus formas.
En última instancia, este cartel no solo debe ser un recordatorio del problema, sino también una invitación a la acción colectiva. Erradicar el machismo y sus manifestaciones no es solo una cuestión de justicia para las mujeres y otras personas afectadas, sino un paso esencial para construir espacios laborales y sociales que valoren la dignidad y el respeto como principios fundamentales de no violencia.
Intenciones y voluntades materializadas: Ley Karin en datos
A más de cinco meses de la entrada en vigor de la Ley Karin (1 de agosto de 2024), se han registrado 5.214 denuncias en la administración pública centralizada, con el Ministerio de Salud liderando las cifras: 1.396 por violencia en el trabajo, 1.822 por acoso laboral y 72 por acoso sexual, sumando un total de 3.290. Cabe recordar que Karin Salgado, quien dio nombre a esta ley, era una trabajadora del área de salud. Le sigue el Ministerio de Educación con 171 denuncias por violencia, 627 por acoso laboral y 19 por acoso sexual, alcanzando 817 en total. El Ministerio de Justicia ocupa la tercera posición (La Tercera, 2025).
Para ser más claras, lo explicamos con peras y manzanas
11Tenemos un jefe, Arturo, nadie lo conoce por su nombre sino por “carne amarga”. Es un déspota, nos trata de forma humillante. Se cree perfecto, mientras que nosotros estamos muy lejos de serlo. La situación llegó al punto de que enviamos una carta colectiva a la gerencia, pero en lugar de solucionar el problema, nos enfrentaron a él para “aclarar malentendidos”. Al poco tiempo, despidieron al compañero que presentó la carta colectiva. De eso ha pasado un mes, y Arturo sigue en su puesto como si nada hubiera ocurrido. Me pregunto si la Ley Karin realmente funciona, ya que a mi parecer las empresas prefieren pagar multas antes que cambiar su estructura basura.
Esto no solo se trata de la denuncia de actos individuales, sino de cuestionar las estructuras de poder, la cultura de la masculinidad tóxica que perpetúa estas prácticas, y la falta de efectividad de políticas públicas que “protegen” a las mujeres de las diversas formas de violencia.
La situación es que estos comportamientos no son casuales, incidentales ni aislados, sino una expresión sistémica del patriarcado. La violencia no es solo el resultado de interacciones individuales, sino que responde a un sistema de poder que perpetúa jerarquías de género (Biglia, 2015)
Algunas de las cifras que facilitaron este texto se encuentran en el último Dossier informativo del año 2024.
Por Nicole Herrera Farfán, activista feminista e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
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1 Esta es una denuncia real. La persona que relata la situación aún trabaja en la empresa y, para proteger su identidad y estabilidad laboral, ha solicitado que su nombre y el de la empresa permanezcan en anonimato.