Por Yoselin Fernández Arce, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Publicado originalmente en Revista CERES de la Marcha Mundial de las Mujeres de Chile, en el número de Primavera 2020. Ilustración por Paulina Veloso.

Termina la primera mitad de 2020 y octubre aparece con nostalgia. De lejos resuenan los ecos de una revuelta suspendida, inacabada y aplastada por la crisis sanitaria, económica y política que hoy nos azota.

Discursos triunfalistas, ocultamiento de cifras y una férrea defensa de los intereses económicos de la élite han sido la tónica de un manejo gubernamental que ha cerrado filas alrededor de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Mientras, entrega migajas a través de bonos y cajas de mercadería publicitadas a rabiar con la venia de los medios de comunicación hegemónicos, devenidos instrumentos de propaganda. La única respuesta del gobierno frente a la crisis ha sido la apertura y flexibilidad en cuanto a posibilidades de endeudamiento y echar mano a los propios ahorros de los trabajadores y trabajadoras, mediante la suspensión de contratos y pago del seguro de cesantía en defensa de las grandes empresas ¹A inicios de mayo se dieron a conocer los nombres de 20 grandes empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo impulsada por el gobierno. En total son más de 300 las empresas que injustificadamente hicieron uso de la legislación para suspender contratos de trabajo y no pagar los salarios correspondientes. El detalle está disponible en: https://www.mintrab.gob.cl/balance-ley-proteccion-del-empleo/.

El hambre se expande por los territorios, golpeando con especial dureza a los grupos históricamente excluidos: mujeres, comunidades migrantes, indígenas y sectores empobrecidos, quienes hoy además enfrentan la criminalización y militarización de los territorios²El 25 de junio, según informó La Tercera, el gobierno decidió enviar más de 80 efectivos militares a territorio mapuche, un hecho inédito desde la dictadura cívico militar. La militarización, además, se efectúa tras el crimen aún no esclarecido del werken Alejandro Treuquil, quien había recibido amenazas y hostigamiento de parte de Carabineros.. En ese escenario de desprotección, la solidaridad y la organización se han transformado en una herramienta de sobrevivencia. Hoy vemos en los territorios el despliegue de la solidaridad, no entendida en términos de caridad religiosa propia de las elites – dar lo que te sobra – sino que fundida a partir del principio fundamental de la reciprocidad: compartir entre iguales. Se multiplican las ollas comunes, las redes de apoyo solidario, los mapeos de organizaciones territoriales, locales, nacionales, que hoy asumen la tarea de dar respuesta a la falta de abastecimiento, otorgar mecanismos de protección para la población migrante, acompañar a mujeres que sufren violencia, facilitar el acceso a salud sexual y reproductiva, levantar iniciativas de economía solidaria para la subsistencia, por nombrar algunas.

La explosión social desatada en octubre apareció como el corolario de un proceso de politización, ya anticipado por acotados estallidos visibles, al menos, desde 2001. Desde las primeras movilizaciones estudiantiles de 2001, 2006 y 2011, hasta los estallidos locales – Magallanes, Aysén, Freirina, Tiltil, Quintero-Puchuncaví – pasando por grandes movilizaciones contra las AFP y contra la violencia hacia las mujeres, los movimientos sociales alcanzaron importantes niveles de organización, masividad y profundidad en sus contenidos. Este proceso de maduración, acelerado por la carencia absoluta de reformas progresistas, tendientes a regular el neoliberalismo extremo que habitamos, propició la primera fisura a un modelo que parecía ser inquebrantable. Así, el denominado “estallido social” abrió la puerta para imaginar transformaciones estructurales, un nuevo pacto con el Estado y nuevas formas de relacionarnos en lo cotidiano. Echando mano a los aprendizajes y experiencias históricas del movimiento popular, se reactivaron políticamente los territorios y las asambleas, cabildos y organizaciones locales se multiplicaron.

No es posible analizar la respuesta popular a la crisis actual sin el marco de octubre, en tanto es la acción territorial organizada la que hoy está permitiendo la sobrevivencia en sectores populares. Del mismo modo, es también ineludible el protagonismo político de las mujeres, primera línea en la subsistencia y, en buena parte, sostenedoras de uno de los movimientos políticos y sociales más determinante de nuestra historia reciente.

El 08 de marzo de 2019 fue un día histórico: millones de mujeres desbordaron las calles en todo el país, constituyendo la movilización más masiva desde el fin de la dictadura cívico militar.

Desde 2016 en adelante, con la primera marcha “Ni una menos” conmemorada en Chile, el movimiento feminista irrumpió con agenda propia y una masividad inédita en el espacio público. El “mayo feminista” de 2018 volvió a demostrar la masividad y vigencia de las demandas feministas, centradas fundamentalmente en la denuncia de la violencia machista, pero abordando también importantes espacios de problematización, como los estereotipos sexistas en la educación y la invisibilización de las mujeres en los espacios de formación. En términos de organización, las movilizaciones estudiantiles y feministas de 2018 se caracterizaron por establecer orgánicas propias – asambleas de mujeres, vocalías y secretarías de género – pasando por alto la institucionalidad estudiantil que había obviado las demandas feministas los años anteriores. Así, a partir de vocerías rotativas y orgánicas con altos niveles de horizontalidad, el movimiento feminista visibilizó también que es posible construir a partir de nuevas lógicas, decididamente antipatriarcales y alejadas de las jerarquías clásicas de las estructuras orgánicas de izquierda tradicionales. Paralelamente, el movimiento feminista latinoamericano posicionó a nivel continental con mucha fuerza la lucha contra la prohibición del aborto y en el hemisferio norte se expandió el movimiento de denuncias de acoso y abuso sexual #MeToo, ambos hitos trajeron importantes repercusiones a nivel local. De este modo, durante el reciente periodo las mujeres hemos sido protagonistas, no sólo habitando y participando en la construcción de los últimos 20 años de movilización social, sino que construyendo demandas particulares y profundizando en los contenidos feministas trazados durante los últimos cien años. 

La conmemoración del 08 de marzo de 2019 aparece hoy como la antesala directa de la revuelta popular de octubre, desde aquel hito previo marcado por el renombramiento de todas las estaciones del metro de Santiago³El 04 de marzo de 2019 la Coordinadora Feminista 8M junto con organizaciones de mujeres y feministas territoriales, realizaron una intervención en 43 estaciones del metro de Santiago, cambiando sus nombres por mujeres que luchan. La actividad fue parte del “Superlunes feminista”, jornada de agitación previa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer., hasta el millón de mujeres congregadas en la entonces Plaza Italia el mismo 08. Esa conmemoración funde elementos característicos de octubre: el metro de Santiago como escenario, la apropiación de la ciudad rebautizada en clave feminista, el cuestionamiento a la memoria patriarcal y colonial que hegemoniza el espacio público, la rebeldía, la desobediencia y la masividad.

La última conmemoración del 08 de marzo – con el COVID-19 a la vista – superó con creces todas las convocatorias anteriores y sólo en Santiago se congregaron dos millones de mujeres. Con el plebiscito a la vuelta de la esquina, el escenario político y social avizoraba un primer semestre álgido, de muchísima movilización y con la posibilidad cierta de elaborar en Chile la primera Constitución del mundo redactada por la misma cantidad de hombre y mujeres. El inicio de los confinamientos obligatorios a partir de la expansión de la pandemia por los territorios transformó de lleno aquel escenario y trajo consigo nuevas (viejas) urgencias.

Ya en marzo, desde el inicio de los llamados a quedarse en casa y las primeras cuarentenas obligatorias, organizaciones feministas advertimos los riesgos que supone para muchas mujeres el hogar. A nivel mundial, más de la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo son víctimas de femicidio íntimo⁴Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2019). Global Study on Homicide 2019, pág. 10. – asesinadas por parejas o ex parejas –, mientras que en Chile la violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados por mujeres⁵En Chile hay en promedio sobre 130 mil casos policiales de violencia intrafamiliar al año. De ellos, un 80% de los agresores son hombres y 80% de las agredidas son mujeres. El análisis forma parte del Dossier Informativo Anual de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres 2019.. La experiencia internacional indicaba desde el inicio de la pandemia el inminente aumento de la violencia doméstica en contextos de cuarentena y las propias organizaciones feministas lo constatamos a partir del aumento de solicitudes de ayuda y orientación para denunciar situaciones de violencia. Pese a la evidencia, el gobierno decidió ignorar el problema y el 13 de marzo – tras el silencio cómplice respecto a la violencia política sexual que sufrieron muchas mujeres en el marco de las protestas y con una interpelación de la Cámara de por medio – Isabel Pla dejó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Prácticamente dos meses más tarde, y en medio del evidente aumento de la violencia machista en medio de la pandemia, Sebastián Piñera decidió nombrar a Macarena Santelices como ministra y dejar a su cargo la ejecución de políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Los 34 días de Santelices en el cargo grafican cabalmente la importancia que el gobierno otorga a los problemas de las mujeres. La ministra dio gala de su absoluta incapacidad y nula preparación, construyendo políticas públicas absolutamente insuficientes, muy publicitadas en la prensa, pero que en el fondo apuntaron sólo a visibilizar el teléfono de orientación del ministerio – 1455 – sin redoblar ningún esfuerzo policial de modo de garantizar una ayuda efectiva a las mujeres cuya integridad física está en riesgo.

Hasta el 30 de junio del 2020 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registra 21 femicidios consumados, 1 suicidio femicida y 11 muertes de mujeres en circunstancias no aclaradas, 6 en contexto de pandemia⁶El registro de femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es un recuento paralelo al del Estado, considerando el concepto de femicidio en toda su dimensión. Está disponible y actualizado desde 2010 a la fecha.. Además, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género constata 59 femicidios frustrados y desde el Ministerio Público se informa un importante aumento respecto de esta última categoría de delitos⁷Marzo de 2020: Aumentan los femicidios frustrados y bajan denuncias por violencia Intrafamiliar: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17555. Sin embargo, el problema de la violencia patriarcal ofrece complejidades aún mayores que es preciso analizar.

Históricamente, el Estado de Chile ha reducido el problema de la violencia contra mujeres al espacio íntimo-familiar. De este modo, desde la primera legislación de Violencia Intrafamiliar (1994) hasta la actualidad, Chile no cuenta con políticas públicas que otorguen un abordaje integral al problema de la violencia. Leyes parciales, que abordan el problema de manera fragmentada, sin financiamiento y funcionarios públicos sin formación en derechos humanos, son parte del panorama institucional chileno en esta materia. La crisis desatada por la pandemia ha agudizado las falencias, evidenciando aún más la negligencia de Carabineros de Chile, el Ministerio Público y el Poder Judicial en cuanto a violencia machista ⁸En el contexto de pandemia desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hemos recogido experiencias respecto al funcionamiento de la denuncia, encontrando irregularidades en procesos policiales. A estas situaciones se suman hechos de connotación pública, como la formalización de Sara, quien actuó en legítima defensa contra su agresor y la detención por no respetar el toque de queda a una mujer agredida sexualmente.. Igualmente, la situación actual ha visibilizado dos manifestaciones naturalizadas de la violencia patriarcal: la ya mencionada violencia en el espacio doméstico y la explotación laboral que sufrimos particularmente las mujeres.

Pese a los intentos institucionales por enmarcar la violencia contra mujeres sólo en el espacio íntimo – reduciendo la violencia machista a violencia de pareja – organizaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres llevan 30 años desarrollando políticamente el concepto. En este tránsito ha sido posible profundizar en las diversas manifestaciones de un problema continuo y estructural, en tanto está presente a lo largo de la vida de todas las mujeres y existe a la base de todas las instituciones sociales. Desde los roles de género asignados al nacer, las pautas de comportamiento establecidas para niñas y niños en los espacios formativos, la reproducción de estereotipos mediante los medios de comunicación, la absoluta invisibilización de las mujeres en la historia, la ciencia y cualquier espacio de conocimiento, crecemos imbuidas de un sesgo patriarcal que nos sitúa en un espacio socialmente subvalorado. Esta ideología perversa disfrazada de naturaleza obliga a las mujeres a hacerse cargo de todas las labores de reproducción de la vida, trabajo doméstico y de cuidados por mandato divino, mientras señala que estas mismas tareas no constituyen “trabajo” y, por lo tanto, carecen de reconocimiento y valor. Este hábil entramado político económico que usufructúa de la fuerza de trabajo de las mujeres paralelamente establece que nuestros cuerpos y vidas existen sólo para el consumo masculino, castigando así cualquier práctica que se escape del mandato patriarcal y permitiendo los crímenes de dominación patriarcal.

Analizar la expansión de la violencia en el contexto de la pandemia requiere imprescindiblemente dicho marco. Así, es necesario ahondar y preguntarse cuan profunda es la violencia que se vive al interior de las casas, más allá de la óptica familista que enmarca el Estado. ¿Cuántas niñas conviven con agresores sexuales?, ¿cuántas mujeres lesbianas, trans y disidentes sexuales deben habitar espacios violentos?, ¿cuántas mujeres sobreexplotadas deben lidiar con el trabajo doméstico, el teletrabajo, el cuidado de niños, niñas, adultos mayores, personas enfermas o la pobreza en este contexto? Del mismo modo, es necesario observar de qué forma la crisis económica y el empobrecimiento afectan particularmente a las mujeres, que deben convivir con la precariedad laboral, propia de la informalidad, menores salarios por igual trabajo, un sistema de salud que castiga por tener útero y pensiones de miseria para las adultas mayores que dedicaron su vida entera al trabajo, asalariado o no.

La pandemia, una vez más, visibiliza la incompatibilidad del orden patriarcal, capitalista y colonial con la vida, y es precisamente allí donde radica la potencia transformadora del feminismo: la única salida posible a la violencia contra las mujeres es la transformación radical de las relaciones sociales y productivas de dominación.

En el actual contexto de transformaciones sociales y políticas, el movimiento feminista debe ser – y sin ninguna duda será – protagonista del debate público: en los espacios institucionales, en los territorios, en las calles y en las asambleas. Y aún cuando ese protagonismo debe traducirse también en representación, es fundamental que las feministas avancemos en la politización de la violencia y en las estructuras que la permiten. Sólo así podremos comenzar a construir nuevas formas de relacionamiento que socaven el actual modelo que depreda la naturaleza, nuestros cuerpos y nuestras vidas.