Por Antonia del Solar Benavides, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Días después del 18 de octubre, fecha en que comenzaba el estallido social, las querellas por violencia política sexual (VPS) por parte de agentes del Estado empezaron a aparecer. Bastaba salir a la calle, participar o aproximarse a las movilizaciones o revisar las cifras que manejaba, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para constatar que la violencia por parte de uniformados era absolutamente desmedida y escapaba de cualquier protocolo. Lesiones y pérdidas oculares, detenciones ilegales, malos tratos, uso desproporcionado de lacrimógenas -incluso dentro de hospitales, viviendas e instituciones educacionales-, heridas/os con balas, perdigones y otros objetos, personas asesinadas, torturadas, desnudamientos, tocaciones, violaciones, amenazas.

Las paredes de las ciudades de Chile como un gran lienzo de denuncia: “paco muerto no viola”. Las feministas tejiendo redes de protección, alertando sobre las formas de la represión, subrayando: violencia política sexual, para que nunca más quede por debajo, solo como una expresión más de la tortura, inclasificable, indistinguible, como ocurrió con los crímenes sexuales cometidos durante la dictadura.

Al igual que muchas otras organizaciones feministas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres quiso detenerse ahí. Tenemos mucho que decir sobre la violencia sexual y varias cosas que problematizar si, además, quienes la ejecutan son carabineros y militares en contexto de revuelta popular. Es así como se organizó el Foro “Violencia política sexual: castigo a la acción política” que tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde expusieron Beatriz Bataszew, integrante del Colectivo Mujeres Sobrevivientes siempre Resistentes; Silvana del Valle, parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres; y Patricia Muñoz, defensora de la niñez.

Pese a que Casa Central amaneció tomada -lo que nos llevó a hacer algunas gestiones para no cancelar la actividad- no habían sillas desocupadas en la Sala Enrique Sazié. Éramos casi exclusivamente mujeres, de las más variadas edades que tomaban nota, grababan y sacaban fotografías. Desde Facebook Live nos acompañaban más de 100 personas que comentaban y compartían la transmisión.

La violencia política sexual ya está identificada como una forma específica de castigar la participación política, que recae con fuerza especialmente sobre algunos cuerpos: mujeres y niñas, disidencias sexuales y cuerpos racializados. Y durante estos meses ha quedado de manifiesto que cada vez somos más las que estamos conscientes de eso y que problematizarlo, reflexionarlo, colectivizarlo para condenarlo, denunciarlo y no permitir la impunidad, es una necesidad urgente. 

Impunidad y tolerancia a la violencia contra las mujeres

Silvana Del Valle, abogada de la Red Chilena, comenzó explicando qué es la violencia política sexual: “La VPS se define como acción violenta de carácter sexual o sexista, dirigida contra mujeres por el hecho de serlo y que busca sacarnos de la participación política”, especificando también que esta práctica se extiende a disidencias sexuales y cuerpos racializados.

Así mismo, indicó que la VPS tiene cabida no sólo en momentos sociales álgidos como el que se vive en Chile desde octubre, sino que también en tiempos de paz: “el periodo postdictatorial en Chile se ha caracterizado por ser una etapa de continua violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, lo que se traduce en dos realidades. Por una parte, la VPS y, por otra, la impunidad en crímenes cometidos en nuestra contra. Ambas situaciones se retroalimentan en una ordenación patriarcal y neoliberal que sólo nuestra propia acción puede desestructurar”.

La abogada explicó que dentro de las mismas instituciones policiales y de Fuerzas Armadas se han reportado 284 denuncias por violencia sexual, realizadas por funcionarias de esos mismos espacios entre 2010 y 2018. Esta situación, así como la impunidad constante a los crímenes contra las mujeres (en 2018 solo un 8% de las denuncias por violación terminaron en condena), da cuenta que la violencia sexual es aún una práctica socialmente tolerada, a pesar de los esfuerzos de las mujeres y las organizaciones feministas. Es ahí donde la VPS encuentra una de sus claves: no es necesario que la violencia sexual sea una orden explícita o una estrategia de guerra para que suceda de manera sistemática y mantenida en el tiempo.

Antes de cerrar su exposición, la activista de la Red Chilena fue enfática en señalar que más allá de la impunidad que caracteriza al sistema judicial cuando se trata de violencia machista, es imprescindible reconocer la acción de las mujeres frente a la misma: “más importante que las normativas, son las formas de justicia social que las mujeres y niñas construyamos”, finalizó Silvana del Valle.

El legado de las mujeres que sobrevivieron a la dictadura

Luego de la exposición de Silvana, Beatriz Bataszew, sobreviviente a Venda Sexy, uno de los centros de tortura de la dictadura cívico militar de Pinochet, caracterizada por ser un espacio donde se practicó VPS de manera sistemática contra las detenidas, comenzó su presentación dando a conocer el recorrido que hicieron las integrantes del Colectivo Mujeres Sobrevivientes siempre Resistentes y otras detenidas políticas durante la transición para visibilizar y denunciar los crímenes sexuales cometidos durante ese periodo.

“Cuando nosotras pusimos énfasis en la VPS lo hicimos desde el activismo. Cuando nosotras planteamos este tema, el primer gran rechazo lo experimentamos dentro de los grupos de derechos humanos”, expresó la activista feminista, explicando que incluso dentro de esas instancias no se consideraba la VPS como una práctica diferenciada de otros tipos de tortura.

De esta manera, Beatriz se refirió a la impunidad: “nosotras pensamos que no es casualidad que no haya justicia en términos legales. Esto es una manera de castigarnos y decirnos: van a seguir ocupando el lugar que nosotros queremos que ocupen”, agregando que la justicia no les entregó nada a las mujeres víctimas de VPS aun cuando ya han pasado 30 años del término de la dictadura: “No nos ha dado reconocimiento ni reparación. Lo hemos encontrado entre las mismas compañeras”.

Antes de terminar su exposición agregó que “es importante que las compañeras puedan denunciar, pero por otro lado pensamos: ¿van a pasar otros 46 años de revictimización?”, siendo clara en señalar que no basta con tener la posibilidad de dejar constancia de los vejámenes, manifestando su abierta desconfianza a las herramientas que pueda entregar particularmente este gobierno y de manera más general, el Estado de Chile. Al mismo tiempo, destacó que pasa algo nuevo y positivo hoy por una parte importante de la sociedad: “ya no hay impunidad social como había antes frente a estos crímenes”.

La responsabilidad del Estado frente a los DDHH

Patricia Muñoz, defensora de la niñez, fue la última en exponer y se refirió a las exigencias a las que debe responder la institucionalidad frente a estas situaciones: “tengo claro que hay deficiencias estructurales que favorecen la impunidad y es algo que hay que corregir. La denuncia no puede ser solamente entendida legítimamente como un acto político sino que también es lo que nos permite tensionar un sistema que tiene que cambiar estructuralmente y que tiene que responder desde el ámbito de legalidad a las personas que son víctimas”.

De este modo, Patricia aseguró que es urgente que quienes deben actuar desde las institucionalidad respecto a la VPS debiesen saber cómo opera la violencia contra mujeres y niñas de manera amplia y profunda, algo que claramente no está sucediendo hoy. En ese sentido, indicó que Chile tiene grandes deficiencias para abordar la violencia patriarcal, por ejemplo, contando con leyes familistas, como la Ley de Violencia Intrafamiliar, en vez de una  Ley Integral que asegura el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recordando que Chile está en falta respecto a convenciones internacionales a las que suscribe y que tienen por objeto la erradicación de la violencia contra las mismas y que indican cómo requerimiento, la aplicación de medidas de prevención y reparación efectivas.

“La violencia sexual podría ser perfectamente una situación que desde la OMS se aborde como una pandemia porque las cifras son demasiado altas. Si acá hay un brote de sarampión, se toman decisiones que tienen que ver con una pandemia y se toman medidas específicas; se estiman más recursos, se previene. ¿Por qué no lo hacemos con las agresiones sexuales que comienzan desde que somos pequeñas y que afecta proporcionalmente más a niñas que niños?”, problematizó la abogada.

De igual modo, destacó que el “derecho penal está hecho para y por los hombres”, dando a entender que los crímenes que afectan mayoritariamente a mujeres y niñas son vistos como crímenes de segundo orden. “La penalización de la tortura recién sucedió en 2016. Aquí, en un país OCDE. Desde la construcción legislativa se quiere invisibilizar lo que implica la violencia sexual. Lo que logramos no fue un tipo penal distinto (…) porque no la entienden”, agregó.

Por último, se refirió a la responsabilidad del Estado frente a situaciones que sobrepasan al estallido social, como lo es la violencia contra mujeres y niñas en Chile y, puntualmente, la violencia política sexual que se ha visto acrecentada desde entonces. Así mismo, a la responsabilidad que recae en cada persona de exigir que el Estado cumpla su rol como órgano garante de derechos: “la brutalidad (de la dictadura) la veo en muchos de los casos que me ha tocado conocer ahora, entonces ¿qué aprendimos? Desde ahí el compromiso tiene que ser efectivamente que no sigamos replicando conductas que lo que hacen no es solo propiciar y tolerar la violación a los DD.HH., además, dejar impunes las violaciones a los DD.HH.” manifestó.

Ingresa aquí para revisar el registro audiovisual completo del Foro Violencia Política Sexual: castigo a la acción política.

Violencia política sexual y femicidio

Al momento de realizar el foro habían pasado 24 días desde el 18 de octubre y el INDH ya registraba 52 querellas por violencia política sexual. Hoy han pasado más de dos meses y el último reporte del INDH publicado el 13 de diciembre da cuenta que las querellas han subido a 194. En este mismo tiempo, se han perpetrado al menos 9 femicidios y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, además, registra 13 muertes/asesinatos de mujeres en situaciones no aclaradas. 

Por estos días también se supo de la situación que se vive en Haití: más de 2 mil mujeres y niñas han sido abusadas y violadas por parte de militares de distintos países en las mal llamadas “misiones de paz”. La presencia de militares en territorios tiene impacto directo en los cuerpos de niñas y mujeres, vistos como parte de los territorios disponibles para ser ocupados. Más de 260 guaguas nacieron producto de la intervención de militares en dicho país. Algunas nacidas de niñas de 11 años.

El Ejército de Chile se ve involucrado en las historias de violación, embarazo forzado de mujeres y niñas y abandono de hijas/os producto de violencia sexual en dicho contexto. Esta situación también constituye violencia política sexual. Para profundizar en la compresión de este problema se sugiere consultar el artículo de María Isabel Matamala Vivaldi, titulado ““Guerra contra el terrorismo” en La Araucanía y violencia sexual contra mujeres y niñas mapuche” contenido en la última publicación de la Red Chilena “Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión”, donde se aborda desde una mirada crítica la situación de mujeres y niñas en territorios militarizados y conflictos bélicos. Así como la situación en Wallmapu, también se exponen otras acontecidas en distintas latitudes.