Repudiamos la vigilancia de los servicios de inteligencia de Carabineros de Chile a dirigentas/es de organizaciones sociales, defensoras/es de la tierra, gremios y sindicatos, en una práctica que nos remite a las tenebrosas horas de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet.  

Los documentos filtrados dan cuenta que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una de las organizaciones “vigiladas”. Cabe preguntarse si el actual gobierno considera la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres una amenaza a la seguridad del Estado.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lleva años denunciando la falta de recursos destinados a campañas preventivas contra esta violencia específica y programas que promuevan vidas libres de violencia. Ha insistido en que las medidas cautelares que otorga el sistema a mujeres que están sufriendo violencia son insuficientes. Ha indicado que, por ejemplo, en 2018 un 42% de los femicidios perpetrados en Chile contaban con denuncias previas, es decir, mujeres habían acudido al Estado a solicitar resguardo de sus vidas. Ha constatado que se demoran años en investigar los crímenes contra mujeres teniendo femicidios aún en completa impunidad. 

La respuesta estatal ha sido que no hay recursos humanos ni económicos suficientes para abordar la violencia contra mujeres. Sin embargo, constatamos con indignación que sí existen recursos humanos y económicos para vigilar a organizaciones sociales que contribuyen al mejoramiento de la vida y cuyas actividades son absolutamente públicas.

Instamos a las organizaciones feministas y a las diversas organizaciones sociales a no dejarse amedrentar por estas deleznables prácticas que tienen como propósito desmovilizarnos y mantener su normalidad abusiva. 

Más allá de iniciar posibles acciones legales, exigimos explicaciones al ministro del interior, Gonzalo Blumel, al director general de Carabineros, Mario Rozas y a la ministra de la Mujer, Isabel Plá. 

 JUNTAS NADIE NOS DETIENE