Este miércoles 11 de septiembre se cumplen 51 años del golpe de Estado y la instalación de la dictadura civil-militar que duró 17 años, un hecho que marcó un antes y un después en la historia del país y nuestras memorias. Han pasado más de cinco décadas desde el quiebre de la democracia, y aún nos preguntamos si alguna vez volvimos a tener una plena, o si seguimos en una versión defectuosa de ésta. Porque ¿en qué tipo de democracia vivimos si actualmente víctimas y familiares continúan buscando justicia y reparación por crímenes de lesa humanidad?
La cifra oficial de personas ejecutadas políticas, detenidas desaparecidas y víctimas de prisión política y tortura supera las 40 mil. Según el Informe sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), al menos 3.400 son mujeres, la mayoría de ellas fueron sometidas a violencia sexual.
A pesar de esta evidencia, en los últimos años hemos visto cómo el negacionismo y la trivialización de la dictadura civil-militar se ha instalado en algunos sectores de nuestra sociedad, en paralelo con el avance del fascismo. Pareciera que los informes Rettig y Valech no han sido suficientes para que, como sociedad, se construya un relato en común que condene tajantemente lo sucedido.
Prueba de esto es el amedrentamiento que vimos el pasado domingo, durante la Romería al Cementerio General, donde fuerzas estatales reprimieron fuertemente a organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares que estaban presentes en la actividad; un hecho que condenamos tajantemente. Además, un homicida apuñaló a varias personas, causando la muerte de una de ellas. Alonso Verdejo fue asesinado frente a un masivo contingente policial, que se ocupó de reprimir, en lugar de proteger a las personas que estaban manifestándose por una causa justa. Exigimos justicia por su muerte y solidarizamos con su familia, quienes están viviendo su pérdida.
Esta muestra de la desidia y violencia que han enfrentado por años quienes fueron víctimas de la dictadura y sus familiares, resalta la importancia de que el Estado asuma sus deudas pendientes en cuanto a justicia y reparación. Hace algunas semanas, en el Día Internacional de las Víctimas de las y los Detenidos Desaparecidos, se anunció la medida de levantar el secreto impuesto al Informe sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), un secreto que se mantiene desde su creación hace 21 años. Su levantamiento significa el acceso a nuevos documentos, testimonios y antecedentes por parte de los Tribunales de Justicia y el Plan Nacional de Búsqueda, el cual aún no ha tenido avances significativos en su implementación y ha recibido algunas críticas hacia el programa ejecutor debido a la falta de información.
La expresidenta Michelle Bachelet ya había propuesto levantar el secreto del Informe Valech en 2017, sin embargo la medida no se concretó. Hoy, la derecha y parte del oficialismo ya han manifestado su rechazo a la idea en el Congreso, poniendo en duda si realmente será posible concretarlo algún día. Mientras esperamos a que esto ocurra, el tiempo juega en contra. Muchas víctimas y familiares han fallecido sin justicia, muchos sin siquiera poder enterrar a sus muertos.
La “justicia en la medida de lo posible” ha sido la norma desde el retorno a la democracia, una situación peligrosa para la sociedad. Si el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos sin tomar responsabilidades, ¿qué clase de garantías de no repetición le aseguramos a las futuras generaciones?
A esto se agrega que la banalización de las estructuras económico-políticas asentadas en dictadura, hoy nos tiene viendo cómo la violencia, incluyendo la sexual, y la corrupción se hacen parte del cotidiano en todas las funciones del Estado.
Al Gobierno del Presidente Boric le quedan solo dos años de mandato, por lo que si no se avanza ahora en reparación y garantías de no repetición, ¿entonces cuándo? Es esencial que las medidas se tomen con mayor celeridad para asumir las deudas pendientes. Y, sobre todo, que como sociedad en conjunto asumamos el compromiso de tener presente nuestra historia. La memoria es un acto colectivo que nos permite responder a los discursos de odio que intentan minimizar los horrores ocurridos entre 1973 y 1989. Es importante que continuemos diciendo NUNCA MÁS e insistiendo en que se acaben los pactos de silencio, que los cómplices de la dictadura digan DÓNDE ESTÁN.
En este día, enviamos todo nuestro apoyo a las víctimas de la dictadura y sus familias, quienes continúan luchando incansablemente para que exista justicia en este país.
Catalina Carrizo Fajardo, encargada de comunicaciones de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Fotografía: CEDOC Museo de la Memoria.