Por Carolina Ibacache, Red chilena contra la violencia hacia las mujeres y RLGSC-ALAMES
Este 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nos encontramos en un momento histórico, con un movimiento feminista estudiantil que ha descolocado al gobierno, a los medios de comunicación masivos y, en general, a la sociedad chilena. La marea feminista, como le han llamado, lleva activa alrededor de un mes, extendiéndose a 27 universidades y 7 liceos, donde se han desarrollado tomas (clausura de los puntos de acceso, ocupación permanente, paro de actividades) de los establecimientos, marchas y diversas acciones de reflexión, además de declaraciones y petitorios concretos a las autoridades educacionales. Arrancó impulsado por la indignación y hartazgo de las estudiantes frente al acoso sexual y distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres que se dan en el ambiente estudiantil, pero su alcance está siendo mucho mayor: hoy las demandas del movimiento aspiran a cambios estructurales que afecten al sistema patriarcal. Se habla de una cuarta ola feminista, pero más importante que clasificarla por su periodicidad histórica, es identificarla como el resultado de un movimiento feminista permanente que no ha cejado en su lucha y que hoy hace suyos desafíos de siempre, más complejos, actualizados y conectados internacionalmente.
En respuesta a este ambiente efervescente, el gobierno anuncia cínicamente una “Agenda Mujer” que incluye un pack de medidas para impulsar supuestamente la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, por un lado, llamando a la tolerancia cero contra toda forma de violencia hacia las mujeres y, por otro, proponiendo una serie de medidas para terminar con las discriminaciones tanto en trabajo y salud. Sobre este último destacan dos anuncios, uno de ellos es la sala cuna universal, financiada por todas las trabajadoras y trabajadores, y la eliminación de las diferencias de planes en la salud privada.
Respecto a la sala cuna universal, éste ha sido un derecho consagrado en la ley chilena: el empleador está obligado a contar con este servicio y solventar su acceso y gastos si en la empresa hay al menos 20 mujeres trabajadoras y sus hijas/os tienen menos de dos años. El fondo del anuncio oficial es que si queremos acceso universal a sala cuna, ésta pasará a ser financiada por las/os mismas/os trabajadoras/es, liberando al empleador.
En relación a la modificación a la regulación del sistema de salud privado (ISAPRES) se pretende “terminar con las diferencias injustificadas de precios de planes de salud, que perjudican a las mujeres, y muy especialmente en edad fértil”. Actualmente, en los planes de ISAPRE las mujeres entre 30 y 34 años pagan hasta un 66 % más que los hombres de la misma edad y misma condición, cuestión que se justifica exclusivamente por estar en edad reproductiva. Un dato importante es que las ISAPRES aumentaron su ganancia más del 131% en el primer semestre del 2017 (Superintendencia de salud). Frente a esto, el gobierno quiere traspasar ese excedente a los hombres, que ellos se hagan cargo, pretendiendo de esta forma generar una medida equitativa desde el punto de vista de género, pero sin afectar las ganancias de estas empresas de la salud.
Lo anterior, sin mencionar las medidas respecto al cuidado de niñas y niños después del término de la jornada escolar, que lo que pretende es garantizar que las mujeres sigan en sus puestos de trabajo sin importar sus horas de descanso o de tener una vida familiar. Tampoco se habla de modificar el subsidio pre y post natal, donde opera solo para aquellas mujeres que trabajan como dependientes, no así para las que trabajan en forma independiente o las que trabajan a honorarios. Para ellas se requiere estar en una ISAPRE o haber cotizado seis meses en FONASA (fondo nacional de salud) y tener tres meses de cotización antes de quedar embarazada en un fondo de administradoras de fondo de pensiones (AFP), entonces ¿de que protección de la maternidad estamos hablando? Si son alrededor de 20.000 embarazos y nacimientos los que no se encuentran cubiertos por este subsidio (Superintendencia de Seguridad Social).
Respecto a la ley de aborto en tres causales recientemente aprobada, como era de esperar, su implementación ha enfrentado varios obstáculos, siendo el más preocupante, la modificación al protocolo de objeción de conciencia realizada por el actual gobierno, facilitando que varios establecimientos públicos y privados de salud y 306 de 971 médicos obstetras de la red pública (CNN Noticias, 18 de abril de 2018), es decir, el 31,5%, se declararan como objetores de conciencia, quedando algunas ciudades sin acceso al aborto legal. Felizmente, este mes la Contraloría General de la República declaró ilegal dicho protocolo “los Establecimientos Públicos de Salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”. Sabemos que continuará el hostigamiento y la búsqueda de subterfugios para mermar aún más el ejercicio del derecho humano de las mujeres al aborto y la maternidad deseada.
Esto nos interpela como movimiento feminista y de mujeres, el horizonte es el de continuar construyendo nuestra propia agenda, que incluya las demandas que hemos levantado por años. Estamos participando de un momento decisivo para transformar esta realidad en una que termine con todas las formas de dominación que mantiene a las mujeres sumidas y subvaloradas. Es pertinente apuntar a las estructuras para hacer flaquear las bases del machismo, el capitalismo y, por ende, del patriarcado.